La incertidumbre laboral persiste en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tras el fallo judicial que suspende los despidos masivos anunciados como parte de la reestructuración del organismo.
El acto, impulsado por los gremios Aefip y Supara, se produce en un contexto de tensiones laborales y críticas al Gobierno nacional por su manejo de la situación.
La Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una medida cautelar que impide al Poder Ejecutivo y a ARCA ejecutar cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad laboral de los empleados.
Esta decisión protege a los 3.155 agentes que estaban en riesgo de ser desvinculados a nivel nacional.
Ramiro García Salado, secretario general del Noroeste del Sindicato de Empleados de la AFIP, celebró el fallo judicial pero expresó su preocupación por el congelamiento salarial y la falta de claridad sobre el futuro de ARCA. El Poder Ejecutivo está justificando las cesantías aludiendo a ingresos durante gestiones anteriores, lo que constituye una discriminación, afirmó García Salado en declaraciones a medios locales.
El sindicalista también denunció la ausencia de negociaciones paritarias desde 2022 y la reducción del Fondo de Jerarquización, lo que ha afectado significativamente los salarios de los trabajadores.
El salario básico está desactualizado mientras que la parte variable, que depende del Fondo de Jerarquización, sigue disminuyendo, explicó García Salado.
La caída del porcentaje destinado al Fondo de Jerarquización, que depende de un porcentaje de la recaudación de ARCA, ha generado preocupación entre los empleados.
Este fondo es clave para el funcionamiento de la ARCA, incluyendo aspectos edilicios, tecnológicos y salariales.
En los últimos años, este porcentaje ha disminuido de 0,77 a 0,60 afectando directamente nuestra economía, agregó el representante gremial.
García Salado también criticó el cambio de nombre de AFIP a ARCA, calificándolo como una medida sin sentido que buscaba generar impacto mediático.
El cambio de nombre no trajo ninguna mejora ni alteración en las tareas del organismo.Solo fue una maniobra simbólica para confundir a la población, aseguró.
El gremialista señaló además que la decisión contribuyó a la estigmatización pública de los trabajadores, acusados de percibir sueldos exorbitantes y de perseguir contribuyentes.
La medida cautelar, que protege actualmente a los trabajadores, fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, marcando un hito en la defensa de los derechos laborales dentro del organismo.
