La incertidumbre laboral se apoderó del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) con una ola de despidos que alcanzó a 180 empleados a nivel nacional, incluyendo a un diputado provincial.
Marcos Manquez, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA), confirmó los números y denunció que todos los despedidos corresponden a personal que ingresó a planta permanente durante la gestión de Verónica Molina.
Molina, dirigente de La Cámpora, fue cuestionada públicamente en junio de 2022 por haber incorporado a 17 militantes camporistas con menos de un año de servicio como contratados a la planta permanente del organismo.
Esta acción generó indignación entre los trabajadores de carrera que esperaban durante años ser ascendidos.
Se trata de una medida arbitraria y políticamente motivada, argumentó Manquez, quien lamentó el impacto emocional que estos despidos han generado en los empleados y sus familias.
El gobierno de Javier Milei justificó la medida como parte de un plan para reestructurar el PAMI y eliminar cargos superfluos.
La oposición lo acusa de aplicar una política de represalias contra aquellos que se opusieron al poder político actual.
El despido de Diego Albornoz, Fabiana Juárez y Diego Quinteros, empleados de la agencia Tartagal, fue particularmente controvertido ya que Albornoz estuvo involucrado en una causa judicial por el pago ilegal de aportes a La Cámpora.
A pesar de ser absuelto, fue despedido junto a otros trabajadores que también fueron mencionados en la investigación.
Esta situación pone de manifiesto la falta de transparencia y debido proceso, criticó un analista político, quien destacó que estos despidos se suman a una serie de medidas tomadas por el gobierno que han generado preocupación entre los ciudadanos y sectores empresariales.
