La precaria situación de la Ruta Nacional 34 en el norte salteño ha generado una crisis vial que obliga a los municipios a asumir responsabilidades que competen al gobierno nacional.
La Municipalidad de Tartagal, con fondos propios, lleva adelante tareas de bacheo y reparación en la calzada, a la espera de ser reembolsada por Vialidad Nacional.
Estas tareas responden a decisiones políticas del intendente Franco Hernández Berni destinadas a solucionar los problemas de vecinos y conductores que transitan por esta vía, explicó Mauro Loto, director de Obras Públicas de Tartagal.
Los trabajos se desarrollan en etapas, concentrándose actualmente en el tramo norte, con la intención de extenderse luego hacia el sur.
A pesar del esfuerzo local, Loto denunció la falta de apoyo por parte de Vialidad Nacional, quien hasta ahora no ha asumido un rol activo en la reparación de la ruta.
Vialidad se está instalando en Mosconi; esperemos que realmente se hagan cargo como corresponde, porque el estado de la ruta no es bueno y representa una constante inseguridad para quienes transitan por ahí, expresó Loto.
La intendencia de Tartagal ha confirmado que, al finalizar los trabajos, les pasará la factura a Vialidad Nacional solicitando un reembolso por los fondos empleados.
Denunciaron que el organismo nacional adeuda una obra comprometida: Se habían comprometido a entregarnos el proyecto para realizar las obras del cruce en Tartagal, pero hasta ahora no hemos tenido novedades, declaró Loto.
En General Mosconi, la situación toma una connotacion positiva.La Municipalidad, liderada por la intendenta Ana Guerrero Palma, colaboró con Vialidad Nacional realizando trabajos de reacondicionamiento en un parador para facilitar la instalación de un campamento del organismo.
Hemos tenido reuniones con Vialidad para planificar el arreglo de bacheos en esta zona.Gracias a las gestiones realizadas, hoy podemos concretar esto, y ya estamos acondicionando el lugar para que puedan iniciar los trabajos planificados, explicó Guerrero Palma.
Esta situación refleja una preocupante crisis de infraestructura vial en la región, donde los municipios se ven obligados a asumir responsabilidades que deberían ser del gobierno nacional.
La falta de inversión y acción por parte de Vialidad Nacional deja a comunidades enteras expuestas a riesgos y dificultades para el desarrollo económico.
