Exclusión de docentes con causas por delitos sexuales en la titularización.
La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, emitió una resolución que excluye a los docentes condenados por delitos dolosos mediante sentencia firme, y especialmente aquellos con procesos o condenas pendientes por delitos contra la integridad sexual, del acceso a la titularización.
Esta medida, contenida en el artículo 7, inciso F de la resolución 15 publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, generó inmediata polémica y cuestionamientos por parte de los gremios docentes.
El Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) emitió un comunicado expresando su rechazo a la resolución, argumentando que vulnera el principio constitucional de presunción de inocencia al imponer un requisito de exclusión antes de que se determine la culpabilidad en los procesos judiciales.
Es por todos conocido que la presunción de inocencia consolida el derecho del debido proceso, sin que se anticipen sanciones que afecten, en el caso de los docentes, otro derecho: el de la estabilidad laboral y carrera docente, señala el comunicado.
La secretaria general de Sitepsa, María Victoria Cervera, explicó que, si bien no se cuestiona la exclusión de docentes con sentencias firmes por delitos dolosos, la medida incluye a aquellos con solo imputaciones por delitos contra la integridad sexual, sin necesidad de una condena judicial.
Ahí es donde nosotros observamos que hay una violación al principio de inocencia de todas las personas que está establecido en la Constitución, afirmó Cervera.
El sindicato propone, como alternativa, que se le conceda a los docentes imputados reserva del cargo hasta que la justicia determine su culpabilidad o inocencia, garantizando así el derecho laboral y profesional mientras se desarrolla el proceso judicial.
La resolución, promulgada como Ley 8471, busca proteger la integridad de los estudiantes en el ámbito educativo tras diversos casos que han sacudido al sistema escolar.
La polémica surge al plantear una medida que se considera punitiva antes de un juicio imparcial y con sentencia firme.
