Una polémica envuelve al diputado nacional Emiliano Estrada tras su imputación por el delito de intimidación pública, figura contemplada en el artículo 211 del Código Penal y que establece penas de 2 a 6 años de prisión.
La decisión de la fiscal de Ciberdelitos, Sofía Cornejo, desata un debate sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales, el alcance de los fueros parlamentarios y la competencia judicial entre provincias y nación.
La investigación, iniciada de oficio por publicaciones anónimas en Tik Tok que denunciaban casos de secuestros de drogas vinculados a organismos del Estado, se centró en videos que según Cornejo incitan al pánico y vulneran el orden público.
No se trata únicamente de un ejercicio de libertad de expresión, sino de contenidos que buscan desestabilizar la sociedad al vincular al narcotráfico con funcionarios públicos y sugerir la existencia de un narcoestado, explicó la fiscal.
De Estrada, tres personas más fueron imputadas por el mismo delito: Alonso Allemand y Florencia Arias Bustamante, empleados del Congreso Nacional que trabajan para Estrada, y Juan Capisano.
Los tres últimos prestaron declaración ante la justicia, señalándose como colaboradores en la causa, lo que desencadenó la imputación contra el diputado.
Estrada, por su parte, había denunciado previamente una persecución política y judicial a través de una solicitada publicada en diario El Tribuno.
La fiscal Cornejo negó cualquier influencia política en la investigación, afirmando que se basa exclusivamente en los contenidos difundidos en las redes sociales.
Es un tema jurídico, no político, aseguró.
El artículo 211 del Código Penal define el delito de intimidación pública como aquel que busca infundir temor público o provocar disturbios mediante señales, voces alarmantes, amenazas o el uso de medios materiales idóneos para generar tal efecto.
El castigo oscila entre dos y seis años de prisión.
Expertos consultados por El Tribuno consideraron que la aplicación del delito en este caso es compleja y su sostenimiento judicial podría resultar difícil.
Se cuestiona si se buscó realmente infundir temor público o provocar disturbios, además de la idoneidad de los medios utilizados, en este caso publicaciones y videos.
La audiencia de imputación para Emiliano Estrada está programada para hoy a las 10:00 horas.Hasta el momento, no se sabe si el legislador acudirá al juzgado para ser notificado de las acusaciones en su contra.
