La polémica se desató en Salta tras la imputación del diputado nacional Emiliano Estrada por delito de intimidación pública.
La fiscalía, liderada por Sofía Cornejo, inició una investigación de oficio basada en cinco videos difundidos en TikTok que, según la acusación, buscan generar temor en la población y desestabilizar el orden público al vincular al narcotráfico con funcionarios públicos.
Cornejo explicó que la investigación se centra en los contenidos y su impacto social, no en las identidades de los involucrados.
No estamos persiguiendo a una persona en particular, sino analizando los videos y sus posibles consecuencias, afirmó durante una conferencia de prensa.
La fiscal aclaró que la causa se desarrolla en el fuero provincial por tratarse de intimidación pública, aunque no descartó la posibilidad de derivarla a la justicia federal si la investigación así lo requiere.
La imputación de Estrada, considerado un opositor dentro del ámbito político salteño, ha generado fuertes cuestionamientos sobre una posible persecución política.
Es importante recordar que la investigación se inició por los contenidos difundidos en redes sociales, no por la identidad de quienes los publican, defendió Cornejo ante las especulaciones.
El caso ha encendido un debate sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto digital y la influencia que pueden tener las plataformas como TikTok en la percepción pública.
Los videos en cuestión generan un clima de miedo e incertidumbre, alimentando la desconfianza hacia las instituciones, señaló un experto en derecho penal consultado por este diario.
La imputación a Estrada, a pesar de sus fueros parlamentarios, representa un hito en la lucha contra la desinformación y el discurso que incita al odio y a la violencia en el mundo digital.
La decisión de la fiscalía abre una puerta para analizar con mayor profundidad las herramientas legales disponibles para combatir este tipo de conductas online sin vulnerar los derechos fundamentales.
