Inversiones Mineras: Un Debate Entre Salta y Catamarca por el Litio.
El panorama minero argentino se encuentra en plena ebullición, impulsado principalmente por la creciente demanda global de litio.
Un informe reciente de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera revela que Salta y Catamarca lideran las inversiones en este sector, con US$ 515 millones y US$1.123 millones respectivamente.
El ranking genera un debate sobre la distribución equitativa de los beneficios provenientes del litio, especialmente en el Salar del Hombre Muerto, donde se encuentra el proyecto Sal de Oro, de la empresa surcoreana Posco.
El informe destaca que el proyecto de Sal de Oro concentra una importante parte de las inversiones totales en litio, US$1.890 millones en todo el país.
Su ubicación en la zona limítrofe aún no definida entre Salta y Catamarca genera controversia.
Es crucial establecer una delimitación clara para asegurar que ambos provincias compartan equitativamente los beneficios de este proyecto estratégico, afirma , experto en derecho minero y recursos naturales.
En 2019, las legislaturas y gobernadores de Salta y Catamarca acordaron que Sal de Oro tributa y paga regalías en partes iguales a cada jurisdicción.
A pesar de la existencia de este acuerdo formal, la falta de delimitación territorial genera incertidumbre sobre la distribución de los recursos mineros.
Este conflicto pone de manifiesto la necesidad de un marco legal claro que garantice la transparencia y la justicia en la explotación del litio, un recurso esencial para la transición energética global.
El informe también revela que la inversión minera se concentra principalmente en cinco provincias: Catamarca, Salta, Jujuy, San Juan y Santa Cruz.
Estas provincias representan el 98,6% de las inversiones totales, lo que evidencia una marcada desigualdad regional en la distribución de los beneficios de la actividad minera.
La concentración de las inversiones en pocos territorios genera preocupaciones sobre la sostenibilidad del desarrollo minero a largo plazo.
Se necesitan políticas públicas que promuevan la diversificación geográfica de la inversión minera y que aseguren un reparto más equitativo de los beneficios entre todas las provincias argentinas.
