Un escándalo que sacudió al exclusivo barrio de Nordelta, Tigre, dio lugar a doce allanamientos en Buenos Aires y el arresto de cuatro individuos, dos de los cuales son empresarios con domicilio en Salta.
Estos individuos estaban involucrados en la explotación laboral de 22 trabajadores, también provenientes de Salta, quienes eran sometidos a condiciones inhumanas similares a la trata de personas.
Carlos Alberto Díaz Chilo y Pablo Gastón Pellegrino, los empresarios salteños detenidos, se desempeñan en sectores distintos del negocio.
Díaz Chilo, según las autoridades, se encargaba de la adquisición de vehículos utilizados por la organización criminal.
Por otro lado, Pellegrino habría invertido en los proyectos y facilitado la estructura financiera que sostenía la red.
Los otros dos individuos arrestados son Cristian Sajama, contratista involucrado en la gestión de las obras, y Walter Jorge Mosca, arquitecto y capataz, quien presuntamente ejercía coacción sobre las víctimas para que trabajaran bajo estas condiciones deplorables.
El caso se desató en junio pasado tras una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Las investigaciones revelaron una red criminal que reclutaba ciudadanos del norte del país con falsas promesas de trabajo, sometiéndolos a jornadas laborales extenuantes de hasta 16 horas diarias.
Las víctimas vivían en hacinamiento, sin acceso a comida adecuada, ventilación o higiene básica, y enfrentaban constantes amenazas.
En los allanamientos realizados por el Juzgado Federal de San Isidro, liderado por la jueza Sandra Arroyo Salgado, se encontraron pruebas contundentes que evidencian la magnitud del delito: armas y municiones (tres pistolas, un revólver calibre .38 y cajas de municiones), más de 28 millones de pesos argentinos, dólares, euros y otras monedas extranjeras, documentación relacionada con la obra Delta Center uno de los proyectos investigados , y cuatro automóviles, incluyendo modelos de alta gama.
Las 22 víctimas fueron rescatadas y asistidas por el Programa de Rescate del Ministerio de Justicia, que les brindó contención psicológica y orientación para regularizar su situación laboral y legal.
Estas personas eran vulnerables, explotadas y privadas de sus derechos fundamentales, señaló una fuente del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, quien destacó que las víctimas no contaban con ningún tipo de seguro ni protección social.
Las autoridades describen a la organización como bien coordinada, utilizando empresas y documentos legales aparentemente regulares para encubrir su actividad ilícita.
Las investigaciones también han revelado nexos con otras obras de construcción en el área metropolitana y contratos que involucraban grandes sumas de dinero.
Este caso es un hito en la lucha contra la explotación laboral en el sector de la construcción, sentando un precedente importante para futuras investigaciones.
La fiscalía y la justicia federal continúan trabajando para identificar posibles cómplices y analizar la responsabilidad penal de las empresas involucradas.
Las autoridades esperan que este caso sirva como advertencia para otras organizaciones que intenten aprovecharse de la vulnerabilidad de los trabajadores.
La detención de los principales cabecillas de esta red criminal representa un paso importante hacia la justicia para las víctimas, quienes ahora pueden iniciar un proceso de recuperación y reparación.
El caso también pone en evidencia la necesidad de fortalecer los controles y mecanismos de protección laboral para prevenir futuros casos de explotación.