La Fiscalía rumana ha iniciado una investigación por presunta actividad ilegal de lavado de dinero vinculada a la campaña electoral del candidato ultranacionalista Calin Georgescu, quien ganó inesperadamente la primera vuelta presidencial.

La operación policial se desarrolló en Brasov y busca aclarar si fondos provenientes de actividades ilícitas fueron utilizados para financiar la campaña de Georgescu.

El Tribunal Constitucional rumano anuló el proceso electoral debido a irregularidades, dejando el panorama político del país en un estado de incertidumbre.

La decisión del Tribunal Constitucional es un golpe de Estado oficializado, denunció Georgescu, quien se posiciona con críticas hacia la OTAN y la UE. La euroesceptica Elena Lasconi, su competidora en la segunda vuelta electoral cancelada, también ha condenado la anulación del proceso.

Un informe del Servicio Rumano de Inteligencia ( SRI) asegura que el éxito de Georgescu estuvo respaldado por una estrategia de injerencia externa con características propias de un actor estatal.

El Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, apuntó directamente a Rusia como responsable de la campaña de desinformación y manipulación electoral en Rumanía.

Se trata de un esfuerzo bien financiado y de gran envergadura para influir en las elecciones rumanas, declaró Blinken.

La investigación del SRI señala que Bogdan Peschir, una figura clave en la estrategia digital de Georgescu, habría canalizado al menos 381.000 dólares a través de influencers para promocionar los videos electorales del candidato.

La situación política rumana se encuentra en un punto crítico.El mandato del presidente saliente, Klaus Iohannis, expira el 21 de diciembre.

Iohannis ha anunciado que permanecerá en su cargo hasta que un nuevo presidente sea elegido democráticamente a través de nuevas elecciones.

Este escenario plantea una profunda crisis institucional y pone en tela de juicio la estabilidad política del país.

La Fiscalía rumana trabaja para esclarecer las irregularidades descubiertas en el proceso electoral, mientras que la comunidad internacional observa con preocupación la situación en Rumanía, un país miembro fundamental de la Unión Europea y la OTAN.