La discusión sobre el presupuesto provincial de Salta para el año 2025 ha generado un intenso debate, poniendo al descubierto las tensiones entre la necesidad de transparencia en el gasto público y la complejidad de atender las demandas del sistema legislativo.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción en Diputados, propone una asignación total de 57.465 millones de pesos para el Poder Legislativo, de los cuales casi 53 mil millones se destinarían a sueldos y gastos operativos.
Esta cifra ha sido objeto de críticas por parte de la oposición, que cuestiona si refleja un uso adecuado del dinero público en momentos en los que la sociedad exige mayor austeridad.
Patricia Hucena, diputada del oficialismo, defiende el monto asignado al Legislativo argumentando que no solo abarca los salarios de los legisladores, sino también los gastos relacionados con el funcionamiento integral del órgano legislativo.
Se incluyen sueldos de asesores y personal administrativo; infraestructura y mantenimiento de las instalaciones, viáticos y otros gastos operativos, explica Hucena, quien además destaca que un diputado salteño percibe un promedio de 2,5 millones de pesos mensuales.
La diputada Griselda Galleguillos, del partido Ahora Patria, critica la magnitud del presupuesto y propone una revisión del modelo legislativo provincial con la intención de reducir costos.
Este presupuesto no es solo el sueldo de un legislador, afirma Galleguillos, quien enfatiza la necesidad de mayor transparencia en la gestión pública y cuestiona la cantidad de representantes que componen el Poder Legislativo.
La discusión sobre el Presupuesto 2025 se sitúa en el contexto de una creciente preocupación ciudadana por el uso del dinero público y los privilegios percibidos por parte de los funcionarios públicos.
La Legislatura salteña, al igual que otros órganos gubernamentales, enfrenta el desafío de responder a estas demandas con medidas que garanticen la rendición de cuentas y promuevan un sistema político más eficiente y transparente.