En un caso que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y la complicidad en la explotación, la justicia desmanteló una red de trata laboral que afectaba a 24 salteños sometidos a condiciones infrahumanas en el exclusivo barrio privado de Nordelta.
Lo llamativo del caso es que, además de las víctimas, los principales responsables también eran oriundos de Salta, específicamente de Rosario de Lerma.
La investigación, liderada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, destapó una compleja organización criminal que reclutaba a trabajadores en el norte del país bajo falsas promesas de empleo y luego los sometía a jornadas extenuantes, sin acceso a servicios básicos ni salario digno.
Las víctimas relataron vivir hacinadas en habitaciones con colchones viejos, donde hasta 35 personas compartían un espacio reducido.
La alimentación era precaria, reduciéndose a polenta después de una inicial promesa de buena comida.
Se les retenían sus documentos de identidad, impidiéndoles salir del lugar y adquirir alimentos por su cuenta.
Se denunciaron también constantes maltratos psicológicos.
El operativo, realizado en conjunto por la Dirección General Impositiva (DGI) y la Policía Federal Argentina (PFA), incluyó 13 allanamientos en Nordelta, Ramos Mejía, Escobar y otras localidades.
Durante los procedimientos se encontraron armas de fuego, municiones, documentación laboral fraudulenta, vehículos de alta gama, además de 28 millones de pesos en efectivo y otras monedas extranjeras.
Entre los detenidos se encuentran Carlos Alberto Díaz Chilo, contratista oriundo de Rosario de Lerma; Cristian Sajama, otro contratista que gestionaba las obras; Walter Jorge Mosca, arquitecto y capataz señalado por coaccionar a los trabajadores; y Pablo Gastón Pellegrino, empresario hotelero del Valle de Lerma, quien habría financiado el proyecto.
Un quinto implicado continúa prófugo.
La jueza Arroyo Salgado ordenó medidas de protección para los testigos debido a las amenazas recibidas.
Este caso expone la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes, quienes son víctimas de falsas promesas y explotados por redes criminales que operan con total impunidad, declaró un representante del organismo PROTEX dedicado a combatir la trata de personas.
El caso ha generado indignación en la sociedad argentina, al mostrar cómo, incluso en zonas exclusivas como Nordelta, se pueden perpetrar estas prácticas.
Las autoridades prometen continuar la investigación para esclarecer todos los detalles y garantizar que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley.