La planta de IMPSA se vio paralizada el lunes pasado por un paro que puso de manifiesto la tensión entre la empresa y sus trabajadores.
Pese a las gestiones del Ejecutivo, que busca mantener en secreto los detalles de las negociaciones para no afectar la compleja privatización con ARC, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación laboral obligatoria para intentar encontrar una solución durante la presente semana.
Esta medida, que obliga a ambas partes a buscar un acuerdo antes del 9 de diciembre, se convierte en un punto crucial para IMPSA, ya que el pago de los salarios representa un desafío significativo para sus debilitadas finanzas.
Según fuentes internas, la escala salarial varía desde los 800 mil pesos hasta montos millonarios, incluso llegando a cifras de siete o ocho dígitos para algunos cargos directivos.
La situación afecta a alrededor de 640 trabajadores, de los cuales aproximadamente la mitad pertenecen a la planta.
La mayoría está afiliada al convenio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), mientras que unos 300 se encuentran fuera de convenio.
A pesar del intento por obtener información sobre el monto total destinado al pago de las nóminas, este dato no fue revelado públicamente.
El conflicto laboral en IMPSA adquiere una relevancia particular en el contexto de la privatización con ARC, un proceso que ya enfrenta diversas dificultades.
Algunos analistas ven en esta medida gubernamental un intento de aplacar la tensión social antes de concretar la venta de la empresa.
La conciliación obligatoria podría ser una estrategia para evitar mayores conflictos laborales durante el proceso de privatización, afirma Juan Pérez, experto en derecho laboral.
Es importante que se busque una solución justa y sostenible para los trabajadores de IMPSA.