Un conflicto entre el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Salta y la obra social IPS amenaza con interrumpir la atención psicológica a miles de pacientes en la provincia.
La institución académica anunció la suspensión de las prestaciones hasta tanto la obra social regularice los pagos pendientes por septiembre, lo que afecta a más de 900 profesionales y 10 mil usuarios del sistema.
La decisión se tomó tras reiterados intentos del colegio por contactar a IPS sin obtener respuesta satisfactoria.
Según el convenio vigente, los pagos correspondientes a las prestaciones debieron realizarse hasta el 23 de diciembre, pero la entidad no cumplió con su obligación.
Hay abandono al afiliado, lamentó Gisela Pedersen, presidenta del Colegio, quien explicó que, si bien los psicólogos siguen atendiendo a sus pacientes, ahora deben facturarles las consultas y estos deberán solicitar el reintegro a IPS.
Estamos hablando de un mes difícil, donde empiezan las vacaciones, no nos contestan y es fundamental para nosotros poder responder a nuestros colegas, declaró Noelia Borda, secretaria de Obras Sociales del Colegio.
La situación se agrava por informes que señalan que el gobierno había transferido los fondos al IPS seis días antes de la fecha límite de pago, lo que implica una falta de transparencia en el manejo financiero y un perjuicio directo para los profesionales de la salud mental.
Borda señaló que la problemática no es exclusiva del Colegio de Psicólogos, y que otros gremios como el de nutrición también han enfrentado demoras en el pago de prestaciones durante el último mes.
Exclusivamente en todas las profesiones de salud pasa esto, afirmó Pedersen, quien agregó que los colegios profesionales están coordinando acciones para exigir un pronto y efectivo pago por parte del IPS.
La situación genera una incertidumbre considerable tanto para los profesionales como para los pacientes quienes se enfrentan a la posibilidad de asumir el costo total de las consultas hasta que se resuelva el conflicto.
La falta de comunicación por parte de IPS y la demora en el pago generan un clima de tensión y desconfianza, afectando directamente la calidad del servicio de salud mental brindado a la comunidad.