Un conflicto legal y de imagen golpea a Jorge Coco Chávez Díaz, quien se desempeñaba como responsable de cursos de capacitación en maquinaria pesada con el aval aparente de la Universidad Oncativo.
La institución educativa ha denunciado públicamente a Chávez Díaz por la supuesta usurpación del nombre de la universidad para ofrecer estos programas sin su consentimiento, además de cuestionar la validez de los certificados entregados.
Chávez Díaz se defiende asegurando poseer los permisos necesarios para impartir los cursos y refuta las acusaciones sobre la falta de autorización de Oncativo.
Ellos me han acompañado a la Municipalidad de Yrigoyen.Hemos presentado en el festival, delante de 30 mil personas.
Yo, Pablo responsable de Oncativo y la intendenta, argumentó Chávez Díaz ante Nuevo Diario.
El protagonista del conflicto sostiene que los cursos beneficiaron a alrededor de 14 municipios de la región, proporcionando capacitación gratuita en diversas áreas relacionadas con la minería y el manejo de maquinaria pesada.
Las denuncias por supuestos certificados truchos han puesto en entredicho la validez de estas capacitaciones.
Chávez Díaz asegura que los certificados se emiten tras evaluar satisfactoriamente el desarrollo de las materias y las horas de práctica necesarias para desempeñar correctamente los oficios relacionados con la maquinaria pesada.
Sostiene que la validez de los certificados es respaldada por los propios municipios que participaron en los cursos y firmaron los mismos.
El diputado Luis Mendaña ha elevado su voz en contra de los supuestos cursos fraudulentos, solicitando una investigación profunda sobre el caso.
La situación genera incertidumbre entre los participantes del programa y sus potenciales empleadores, quienes ven cuestionada la legitimidad de la formación recibida.
La Universidad Oncativo, por su parte, ha comunicado con firmeza que tomará acciones legales para proteger su nombre y reputación, reclamando la responsabilidad de Chávez Díaz por el daño causado a la institución.
La disputa legal que surge entre ambas partes podría tener importantes repercusiones en el futuro de los cursos de capacitación en maquinaria pesada, así como en la confianza pública hacia las instituciones educativas privadas.