La Legislatura provincial se encuentra analizando un proyecto de ley que busca extender por dos años la suspensión de sentencias de desalojo a pequeños productores agropecuarios.
El artículo 9 de la Ley 7568, vigente hasta el próximo 31 de diciembre, establece esta medida con el objetivo de proteger a familias rurales y garantizar su acceso a la tierra.
El diputado Moisés Balderrama presentó el proyecto para prorrogar las ejecuciones de sentencias de desalojo hasta el 31 de diciembre de 2026.
La iniciativa busca continuar con el trabajo de regularización dominial, evitando así desalojos compulsivos que pueden generar situaciones de vulnerabilidad social y económica.
En todo el territorio provincial tenemos muchas situaciones y casos por conflictos de tierras.Muchos son de notoriedad pública a través de la prensa, declaró Balderrama, destacando la importancia del proyecto para proteger los derechos de los pequeños productores.
La Ley 7568 se enmarca en una política pública que busca apoyar la regularización de la posesión de las tierras judicializadas por estos sectores.
La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) se encarga de esta tarea, trabajando en la resolución de conflictos y brindando soluciones para garantizar la seguridad jurídica de los pequeños productores.
Si bien el proceso de regularización ha sido complejo y lento, según Balderrama, se avanza en la búsqueda de una solución justa para todos los involucrados.