La medida, aún pendiente de ser discutida en el Senado, ha generado un intenso debate social y político, polarizando las opiniones en el país.
El proyecto, presentado por el diputado Ricardo Salles, propone el uso de medicamentos que inhiben la libido bajo la supervisión del Ministerio de Salud.
Establece la creación de un registro público con información y fotografías de los condenados por este crimen, a cargo del Consejo Nacional de Justicia.
La votación fue de 267 votos a favor, 85 en contra y 14 abstenciones, con apoyo de sectores políticos de derecha moderada y radical.
Es un proyecto importante, manifestó el diputado Ubiratan Sanderson (Partido Liberal), quien defendió la medida al señalar que países como Estados Unidos y Rusia ya aplican este tipo de castigo.
Sanderson opinó que la pena de muerte sería más justa para los pedófilos.
El expresidente Jair Bolsonaro, figura emblemática de la ultraderecha brasileña, celebró la aprobación en redes sociales como un paso histórico.
Diputados de izquierda como Talíria Petrone (PSOL) criticaron la iniciativa al argumentar que se trata de una farsa y que la prevención a través de educación sexual en las escuelas es la verdadera solución para combatir los abusos sexuales.
La propuesta ha generado un fuerte debate sobre la ética y la efectividad de la castración química como castigo.
Algunos especialistas señalan que, si bien puede ser una herramienta adicional en el tratamiento de ciertos tipos de delincuentes sexuales, no garantiza la prevención de futuros delitos.
Otros cuestionan su legalidad y la violación de los derechos humanos que implica.
La aprobación del proyecto de ley por parte de la Cámara de Diputados ha puesto al país frente a un dilema ético y social complejo, con profundas implicaciones para el sistema judicial brasileño y la protección de los niños.
