El caso judicial que involucra la pésima condición de un tramo de la Ruta Nacional 934, entre San José de Metán y Yatasto, ha experimentado un giro significativo.
La Corte de Justicia de Salta declaró la incompetencia de los tribunales provinciales para conocer en el asunto y ordenó la transferencia de las actuaciones al Juzgado Federal 2 de la provincia.
Esta decisión se fundamenta en que la demanda afecta a una entidad nacional, la Dirección Nacional de Vialidad, y requiere la interpretación de normas de carácter federal.
La resolución surge tras un recurso de apelación interpuesto por la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales S.A., quienes argumentaron que el juez del Tribunal de Juicio, Sala II, Vocalía 1 de Metán, Sebastián Fucho, carecía de competencia para conocer el caso.
La Corte de Justicia se pronunció a favor de esta afirmación, destacando que la competencia federal en este tipo de casos es improrrogable hacia los tribunales provinciales.
El amparo original fue presentado por la concejal María José Bernis y adherido por el intendente de Metán, José María Issa, quienes denunciaron el grave deterioro del tramo carretero.
La situación ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, ya que afecta su seguridad vial y dificulta el transporte de personas y mercancías.
La Corte de Justicia de Salta confirmó la orden dictada previamente por el juez Fucho para que Corredores Viales S.A. proceda a la inmediata reparación del tramo afectado, fijando un plazo de 60 días hábiles para la ejecución de las obras.
El máximo tribunal provincial enfatizó la importancia de actuar con celeridad en este caso, considerando que la situación afecta derechos constitucionales fundamentales como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad corporal.
En paralelo, se informó que existe un embargo ordenado sobre la recaudación diaria del peaje ubicado en Cabeza de Buey, por 150 millones de pesos más accesorios legales, debido al incumplimiento de la resolución judicial.
El dinero secuestrado en una cuenta judicial será puesto a disposición del Juzgado Federal N 2.
La situación actual sugiere que el caso se resolverá en el ámbito federal y que se buscará asegurar la reparación del tramo carretero afectado con la mayor celeridad posible.
La decisión de la Corte de Justicia de Salta marca un punto de inflexión en la resolución del conflicto, demostrando la importancia de la intervención judicial para proteger los derechos ciudadanos y garantizar el acceso a vías seguras y funcionales.
