Seguridad privada en La Plata: ¿Solución o Preocupación?
El intendente de La Plata, Julio Alak, ha generado debate al adjudicar la seguridad de casi 30 dependencias municipales a una empresa privada.
Este ambicioso plan, que incluye la custodia del Palacio Municipal, el icónico Bioparque y la República de los Niños, entre otros espacios públicos, prevé la contratación de 150 agentes para un período de 12 meses.
La licitación pública n 57, cuyo resultado se conocerá próximamente, ha desatado una ola de opiniones divergentes sobre su viabilidad y posibles consecuencias.
Esta decisión busca optimizar los recursos y garantizar la seguridad de los ciudadanos y los empleados municipales, declaró el intendente Alak en un comunicado oficial.
Expertos en seguridad pública cuestionan esta estrategia.Contratar a personal ajeno al estado para tareas que tradicionalmente han sido desempeñadas por las fuerzas policiales puede generar inseguridades e incluso riesgos adicionales, sostiene el Dr. Martín Pérez, analista de seguridad ciudadana.
El pliego de la licitación detalla un amplio abanico de responsabilidades para los agentes privados, incluyendo la prevención del robo y hurto, la lucha contra incendios y siniestros, la protección del patrimonio cultural municipal y la gestión del acceso a las dependencias.
Se requiere que el personal cuente con experiencia previa en seguridad, pasando por exigentes pruebas psicotécnicas y médicas.
La ciudadanía también se ha pronunciado sobre este tema, expresando tanto apoyo como rechazo hacia la medida.
Es lógico que el gobierno busque ahorrar recursos, pero no debemos descuidar la seguridad de nuestros espacios públicos, manifestó una vecina del centro de La Plata.
Por su parte, un empresario local argumentó que la presencia de agentes privados podría generar mayor confianza y dinamismo en la ciudad.
La implementación de este sistema de seguridad privada en La Plata marca un hito en la gestión pública argentina, abriendo un debate complejo sobre el rol del Estado y las empresas privadas en la protección de la ciudadanía.
El éxito o fracaso de esta iniciativa dependerá no solo de la capacidad de respuesta del personal contratado, sino también de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.