Una nueva amenaza de paro acecha al transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las cámaras empresarias del sector han alertado sobre la imposibilidad de pagar los salarios de noviembre, argumentando que los ingresos provenientes de tarifas y subsidios no se han incrementado desde junio, mientras que los costos operativos siguen en constante ascenso.
Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), confirmó la precariedad del panorama: Este jueves a las 18 vence el plazo para depositar los sueldos, por lo que a partir de ese momento habrá definiciones.
Estudios independientes estiman que el costo real por pasaje ronda los $1.300, mientras que el ingreso actual promedio se ubica en $870, evidenciando una brecha significativa.
Ante esta situación, las empresas han pedido un ajuste tarifario o un aumento de las compensaciones estatales, medidas aún no implementadas por el gobierno.
El agravante adicional es la imposibilidad de abonar los aguinaldos de diciembre, lo que aumenta las tensiones y la posibilidad de una medida de fuerza gremial que paralice el servicio.
El pasado 30 de octubre, luego de semanas de intensas negociaciones, se logró un acuerdo salarial trimestral con la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
El acuerdo estableció incrementos salariales para noviembre, diciembre y enero, pero su eficacia depende del otorgamiento de fondos por parte del Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte.
La AAETA había expresado previamente su preocupación por la falta de respuestas ante sus reclamos por una revalorización de los costos y la necesidad de un aumento en los subsidios o tarifas.
El carácter condicional del acuerdo ha generado incertidumbre, ya que las empresas no se comprometieron a pagar los incrementos sin la aprobación de la estructura de costos y el financiamiento correspondiente.
La falta de una respuesta contundente por parte del gobierno abre la puerta a un nuevo paro de choferes.
Diálogo hay, pero no tienen definición aprobada para dar más tarifas o subsidios, afirma Fusaro en diálogo con El Cronista.
La incertidumbre económica, las dificultades para el acceso al financiamiento y la falta de una política clara de precios impactan directamente en la estabilidad del servicio público de transporte, generando preocupación en los usuarios y angustia entre los trabajadores del sector.
