La situación en la embajada argentina en Caracas se ha tensado considerablemente, con opositores venezolanos reportando un aumento significativo del asedio policial.
Pedro Urruchurtu, uno de los seis antichavistas asilados desde marzo en la residencia diplomática, denunció que el miércoles se intensificaron las amenazas y acciones intimidatorias por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas.
Urruchurtu, quien es un estrecho colaborador de la líder opositora María Corina Machado, afirmó a través de sus redes sociales que durante la jornada hubo sobrevuelos con drones y una fuerte presencia policial en las inmediaciones del inmueble.
Aseguró que la residencia sigue sin suministro eléctrico regular, lo que dificulta la conservación de alimentos.
Las reservas de agua potable son mínimas y se nos impide el acceso a camiones cisterna para llenar el tanque, denunció Urruchurtu.
Asimismo, señaló restricciones en el ingreso de comida a la embajada. Esta situación se suma a las denuncias previas de amenazas directas por parte de funcionarios del régimen, quienes incluso intentaron ingresar al recinto durante la madrugada.
Es una ratificación de las prácticas de terrorismo de Estado, afirmó Urruchurtu, quien hizo un llamado urgente al mundo internacional, en particular a los gobiernos de Argentina y Brasil, responsables de la protección diplomática del lugar, así como al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, para que intervengan ante esta clara violación del derecho internacional y del derecho de asilo.
El caso ha generado preocupación entre la comunidad internacional.La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor coalición opositora, ha solicitado presión internacional para detener el asedio y garantizar la emisión de salvoconductos para los seis opositores que se encuentran en la embajada.
Estados Unidos también ha exigido al presidente Nicolás Maduro la liberación inmediata de los asilados.
Desde agosto, la embajada argentina ha estado bajo custodia de Brasil luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos.
A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre, Brasil mantiene su postura de proteger a los opositores dentro del recinto diplomático.
