Tras el decomiso de dos fincas del Clan Castedo ubicadas en la zona fronteriza con Bolivia, el Estado Nacional se enfrenta a un desafío: determinar el destino de 23.000 hectáreas que fueron utilizadas para actividades ilícitas como narcotráfico y lavado de activos.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realiza inspecciones en las propiedades El Aybal y El Pajeal con la participación de organismos como la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y dependencias provinciales de Salta.
El objetivo principal es asegurar que estos bienes no vuelvan a ser utilizados para actividades criminales y que se integren al tejido productivo social, manifestó un vocero del Ministerio Público Fiscal.
La magnitud del caso trascendió el ámbito judicial: las fincas, equivalentes en superficie a más del doble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evidencian la envergadura del entramado delictivo que operaba bajo la dirección del clan Castedo.
Las condenas dictadas en 2022 por asociación ilícita y otros delitos contra Reynaldo Delfín y Raúl Castedo, líderes del clan, y el exdiputado Ernesto Aparicio, quien facilitó las operaciones, marcaron un hito en la lucha contra el crimen organizado en la región.
El decreto 5982019 que respaldó el decomiso establece la necesidad de gestionar los bienes confiscados para evitar riesgos de abandono, pérdida de valor o inseguridad, promoviendo su utilidad pública.
En línea con lo dispuesto por el artículo 305 del Código Penal, se busca destinar las tierras a programas sociales como salud, capacitación laboral y otros proyectos que beneficien a la población vulnerable de la zona.
Este proceso representa una oportunidad para transformar un terreno marcado por la criminalidad en un espacio de desarrollo social y económico, destacó una fuente del gobierno provincial.
Las inspecciones continúan mientras se elabora un plan detallado para la gestión de los bienes, buscando que el destino final sea una herramienta efectiva para la justicia social y el bienestar comunitario.
