Esta normativa, aprobada tras la despenalización del trabajo sexual en 2022, sienta un precedente sin precedentes en Europa al garantizar beneficios como seguro médico, vacaciones, bajas y pensiones a las mujeres que se dedican a este oficio.
Es un gran paso adelante, afirma Isabelle Jaramillo, coordinadora de Espace P, una organización que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales y participó en la redacción de la ley.
Significa que el Estado belga finalmente reconoce su profesión como legítima.
La nueva legislación no solo afecta a las trabajadoras sexuales, sino también al sector empresarial.
Jaramillo explica que la anterior normativa convertía automáticamente a cualquier persona que contratara a una trabajadora sexual en un proxeneta, incluso cuando el acuerdo era consensual.
La nueva ley establece un marco legal para la contratación de trabajadoras sexuales por terceros, requiriendo autorización estatal y estrictos protocolos de seguridad.
Entre los requisitos se incluyen antecedentes penales sin condenas por agresión sexual o trata de personas, la provisión de ropa de cama limpia, condones y productos de higiene, así como la instalación de botones de emergencia en los espacios de trabajo.
Si bien la legislación permite el trabajo sexual independiente, las violaciones del marco legal serán perseguidas con rigor.
Se estima que unas 5.000 trabajadoras sexuales podrían optar por trabajar con contrato laboral bajo esta nueva normativa.
No obstante, algunos críticos argumentan que la ley no aborda completamente el estigma y los riesgos asociados al comercio sexual, especialmente para las mujeres indocumentadas.
Aún queda mucho trabajo por hacer, reconoce Jaramillo, enfatizando la necesidad de una mejor capacitación policial y judicial para proteger a los trabajadores marginados.
A pesar de las críticas, esta legislación pionera marca un hito en la regulación del trabajo sexual, estableciendo un nuevo estándar en Europa que podría inspirar a otros países a seguir su ejemplo.
