Un clima de incertidumbre envuelve al sector público argentino ante la imposición del Sistema de Evaluación Pública (SEP), una iniciativa gubernamental que exige a miles de empleados estatales aprobar un examen para renovar sus contratos.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) han expresado su rechazo contundente al sistema, calificándolo como una medida que ataca la dignidad laboral y podría derivar en despidos masivos.
Este sistema no cumple con los estándares de seriedad y planificación necesarios, carece de transparencia y no tiene en cuenta las especificidades de las funciones laborales, señala el comunicado emitido por UPCN, organización sindical que representa a un importante sector del personal público.
Alertan sobre el riesgo de precarizar la estabilidad laboral de trabajadores con décadas de experiencia.
Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, declaró en una entrevista que si bien el gremio no se opone al examen en sí, sí lo rechazan como mecanismo de despido para empleados con amplia trayectoria: Si lo quieren tomar, que lo tomen.
Pero nosotros vamos a defender la estabilidad del trabajo.
El SEP afectaría a cerca de 58.000 trabajadores estatales con contratos temporarios, quienes deberán someterse a una evaluación obligatoria que incluirá pruebas en áreas como comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y legislación administrativa.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó la iniciativa como un invento para seguir estigmatizando y despidiendo de manera ilegal.
El gremio también anunció un paro nacional para el 5 de diciembre en rechazo al SEP y otras políticas que consideran lesivas para los trabajadores públicos.
Mientras tanto, el Gobierno defiende el sistema como una medida necesaria para fortalecer el empleo público mediante una Evaluación General de Conocimientos y Competencias.
La Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público afirma que las pruebas buscarán garantizar la idoneidad de los empleados públicos y tendrán carácter digital, anónimo y presencial.
Las críticas persisten debido a la falta de información precisa sobre los contenidos y logística de las pruebas, especialmente en provincias fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La incertidumbre genera un ambiente tenso entre los trabajadores, quienes se preguntan si este sistema realmente busca mejorar el desempeño o se trata de una estrategia para eliminar a empleados que consideran innecesarios.
La situación se agrava al considerar que la mayoría de los empleados con contratos temporarios deberán presentarse en diciembre para la primera tanda de evaluaciones.
Quienes no aprueben tras tres intentos perderán su contrato laboral, lo que genera un miedo latente entre quienes temen perder sus fuentes de trabajo después de años de servicio.
UPCN y ATE han advertido que estarán atentos al desarrollo de las pruebas y no descartan realizar nuevas medidas de fuerza si perciben que el sistema se utiliza como herramienta para ajustes y despidos.
El futuro del empleo público argentino, por lo tanto, se encuentra en una encrucijada: ¿un nuevo capítulo de evaluación e innovación o un escenario de incertidumbre y precarización laboral?
