El presidente surcoreano, Yoon Sukyeol, tomó una decisión controvertida al declarar la ley marcial y suspender las funciones de la Asamblea Nacional.
En un discurso televisado, el mandatario acusó a la oposición de llevar a cabo actividades que amenazan la estabilidad nacional y buscan derrocar su gobierno.
La medida, calificada por muchos expertos como un golpe a la democracia, ha generado una fuerte reacción tanto dentro como fuera del país.
Los diputados, en una muestra de resistencia contundente, aprobaron una moción demandando la inmediata derogación de la ley marcial, aludiendo a los preceptos constitucionales que rigen el sistema político surcoreano.
Las fuerzas del orden entraron a la Asamblea Nacional empleando gases lacrimógenos para disolver la sesión y detener a los manifestantes.
La situación se ha intensificado con protestas masivas en las calles, donde ciudadanos expresan su rechazo a la medida y exigen la dimisión del presidente.
Esta acción desestabiliza el país y erosiona los principios democráticos que han sido pilares fundamentales para Corea del Sur, declaró un analista político de renombre, quien pidió mantener la calma pero también condenó la violencia policial.
El escenario actual recuerda a momentos oscuros en la historia del país, donde la represión política fue utilizada como mecanismo de control social.
La tensión se palpa en cada esquina, mientras ciudadanos y políticos se enfrentan en un duelo por el futuro de Corea del Sur.
