La Corte de Justicia provincial ordenó la reparación inmediata del tramo de la Ruta Nacional 934 que conecta las localidades de San José de Metán con Yatasto.
Esta decisión, tomada en respuesta a un amparo presentado por el intendente de Metán, José María Issa, y la concejal María José Bernis, busca poner fin a un conflicto legal prolongado y atender la precaria situación vial que afecta a la comunidad.
La novedad reside en que la Corte dispuso mantener como medida cautelar, por un plazo de 60 días hábiles, la orden del juez Sebastián Fucho que exige la reparación inmediata del tramo comprendido entre los kilómetros 1446 y 1460.
A pesar de que los tribunales provinciales no tienen jurisdicción sobre una entidad nacional como Corredores Viales S.A., la Corte argumenta que tiene facultades para dictar medidas cautelares en casos excepcionales que afecten derechos fundamentales.
La imperiosa necesidad de actuar en este supuesto específico radica en la salvaguarda de los derechos constitucionales fundamentales a la vida, la salud y la integridad corporal, declaró un portavoz del máximo tribunal provincial.
Una solución provisional podría proteger estos derechos sin vulnerar el derecho de defensa y el acceso a un juez natural.
La decisión de la Corte se fundamenta en el impacto que la situación vial tiene en la seguridad ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del sur provincial, quienes ven con preocupación su futuro ante la falta de acción por parte de Corredores Viales.
La empresa ha demostrado total desinterés en resolver este conflicto, denunció el intendente Issa.
No se presentaron a las audiencias judiciales y parece que buscan finalizar el contrato sin cumplir con sus obligaciones.
El caso, además de ser un ejemplo del difícil acceso a la justicia ante organismos nacionales, refleja el impacto directo que la gestión pública tiene en la seguridad y bienestar de las comunidades locales.
La Corte, al tomar una decisión contundente, busca enviar un mensaje claro: la protección de los derechos fundamentales es prioritaria y no podrá ser ignorada por intereses económicos o administrativos.