El gobierno provincial de Salta ha firmado un polémico convenio para obtener terrenos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a cambio de su integración al Consejo Directivo que impulsará la modernización agropecuaria del país.
Esta decisión, tomada por el gobernador Gustavo Sáenz y anticipada al plan de reestructuración que propone el presidente Javier Milei, ha generado fuertes críticas desde las entidades agrarias, quienes temen un saqueo de recursos públicos y una pérdida de autonomía para el INTA.
Inés Liendo, referente del PRO en Salta y figura clave dentro del nuevo Consejo Directivo, aseguró que la cesión de tierras permitirá fortalecer la producción agropecuaria provincial y contribuir al desarrollo económico regional.
La oposición argumenta que este plan beneficiará únicamente a intereses privados en detrimento de las necesidades del sector agrario nacional.
El INTA es una institución fundamental para el desarrollo agrícola argentino, declaró un vocero del Confederación General Económica Agrícola (CGEA), su autonomía científica y su labor investigativa son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria del país.
Esta cesión pone en riesgo su independencia y podría conducir a un modelo de producción agropecuaria más concentrado y menos sostenible.
El proyecto, inicialmente impulsado por el diputado Carlos Selva en 2021 y luego retomado por su colega salteño Lucas Godoy, buscaba destinar las tierras del INTA al Plan Mi Lote.
La presión ejercida por las entidades agrarias logró frenar su avance en el Congreso Nacional.
No podemos permitir que se repita la historia de privatizaciones indiscriminadas, advirtió un representante de la Federación Agraria Argentina (FAA).
Las tierras del INTA son patrimonio nacional y deben ser administradas para beneficio de todos los argentinos, no solo para favorecer a unos pocos.
Este conflicto revela la profunda división existente en torno al futuro del sector agropecuario argentino.
Mientras el gobierno busca implementar reformas radicales que promuevan la inversión privada, las entidades agrarias reclaman la protección del INTA y una mayor participación en la toma de decisiones que afectan su futuro.
