Un jurado estadounidense ha dictaminado a favor de tres hombres iraquíes que sufrieron abusos en la prisión de Abu Ghraib hace dos décadas, ordenando a la empresa privada CACI pagar 42 millones de dólares como compensación.
Esta decisión histórica marca la primera vez que un tribunal estadounidense escucha los testimonios de víctimas de la llamada guerra contra el terror y establece un precedente contundente sobre la responsabilidad de las empresas privadas en casos de tortura.
El jurado determinó que CACI conspiró y participó en la tortura de Suhail Al Shimari, Asaad Zubae y Salah AlEjaili entre 2003 y 2004, cuando la empresa fue contratada por el gobierno estadounidense para realizar interrogatorios en Abu Ghraib.
Esta es una victoria no solo para nosotros, sino para todas las personas que han sido oprimidas, declaró AlEjaili, quien testificó personalmente sobre las torturas y traumas que sufrió.
Es una advertencia para cualquier empresa o contratista que practique tortura y abuso: ya no se sentirán exentas de responsabilidad.
El fallo ordena a CACI pagar 3 millones de dólares por daños compensatorios y otros 11 millones por daños punitivos a cada uno de los tres hombres, según el Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), organización que representó a las víctimas.
Este caso se suma a la denuncia constante de organizaciones como Human Rights Watch sobre la falta de justicia para las víctimas de abusos por parte del ejército estadounidense en Irak.
La sentencia establece un precedente importante al abrir la posibilidad legal de responsabilizar a empresas privadas implicadas en torturas, según el Centro para los Derechos Constitucionales.
Es una medida excepcionalmente justa para los sobrevivientes del régimen de tortura impuesto por el gobierno de Estados Unidos después del 11 de septiembre, afirma la organización.
La demanda inicial se presentó en 2008 y, tras varios intentos por parte de CACI de desestimarla, el juicio comenzó finalmente en abril de 2022 en Alexandria, Virginia.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó los recursos de apelación de CACI en 2021, devolviendo el caso al tribunal de distrito correspondiente.