El juez de Nueva York Juan Merchan ha pospuesto hasta el 19 de noviembre su decisión sobre la posible anulación de la condena de Donald Trump en el caso Stormy Daniels.
La defensa del expresidente, a través de su abogado Emil Bove, argumenta que el fallo del Supremo estadounidense sobre inmunidad presidencial debe aplicarse a Trump o, en su defecto, considerar que sus derechos como presidente electo son equivalentes a los de un mandatario en ejercicio.
Esta postura busca evitar, según Bove, impedimentos inconstitucionales a la capacidad de Trump para gobernar tras su victoria electoral del pasado 5 de noviembre.
El caso Stormy Daniels se centra en una trama por la que Trump habría intentado silenciar a la actriz porno con pagos fraudulentos durante su campaña presidencial de 2016.
En mayo, un jurado popular lo declaró culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, sentando un precedente sin precedentes al ser la primera condena penal a un expresidente estadounidense.
La sentencia estaba inicialmente programada para julio, pero el juez Merchan la pospuso hasta el 26 de noviembre para evitar interferencias con las elecciones presidenciales.
La decisión final de Merchan sobre el caso, que se tomará solo siete días antes de la lectura de la sentencia, tiene profundas implicaciones políticas y legales.
Si la condena se mantiene, Trump podría enfrentar hasta cuatro años de prisión, aunque los expertos sugieren que es más probable que reciba una pena menor o incluso libertad condicional.
Este caso no es solo sobre falsificación de documentos; es un juicio sobre el poder y la impunidad, afirma , analista político.
La decisión final del juez tendrá un impacto significativo en la percepción de la justicia estadounidense y en la confianza en las instituciones democráticas.
El expresidente Trump, que niega haber cometido ningún delito, argumenta que se trata de una caza de brujas impulsada por los demócratas.
Su llegada a la Casa Blanca como el primer delincuente convicto en ocupar ese cargo ha generado una profunda división en el país y ha reavivado debates sobre la accountability política.