En un movimiento que ha generado debate en la provincia de Buenos Aires, legisladores del PRO han presentado un proyecto para eliminar la obligatoriedad de la Verificación Técnica Vehicular.
La propuesta, impulsada por Aldana Ahumada, Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón Brown, argumenta que el principal causante de accidentes viales no son las fallas mecánicas, sino factores como exceso de velocidad, imprudencia al volante y consumo de alcohol.
Los estudios demuestran que menos del 1% de los accidentes viales en Argentina se deben a fallos mecánicos, señaló Ahumada.
En su lugar, el proyecto plantea que la inspección de vehículos quede bajo la responsabilidad de concesionarias oficiales, importadores y talleres habilitados, basándose únicamente en los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito.
Ahumada también criticó los recientes aumentos en el costo de la VTV, calificándola como una burocracia innecesaria.
El proyecto ya fue presentado en la Cámara Alta y será analizado por la Comisión de Transportes tras la próxima sesión en La Plata.
El gobierno bonaerense se muestra contrario a la eliminación del sistema.Carlos Blanco, ministro de Gobierno, argumentó que la VTV es un mecanismo necesario para garantizar que los vehículos que circulan por las rutas provinciales estén en condiciones adecuadas.
Es un esquema que está vigente hace más de 20 o 30 años, al igual que en otras provincias.El objetivo es que los rodados que circulan por caminos de la Provincia estén en condiciones, explicó Blanco.
El ministro reconoció que se pueden realizar mejoras al sistema, pero enfatizó la importancia de mantener los controles para evitar accidentes viales.
Este debate surge en un contexto donde el costo de la VTV ha experimentado un aumento considerable.
A inicios de octubre, la provincia de Buenos Aires oficializó un incremento de 60 pesos, acumulando un alza del 296% en los últimos 10 meses.
Las nuevas tarifas oscilan entre 17.670 y 79.515 pesos dependiendo del tipo de vehículo.
La eliminación de la VTV generaría una gran controversia y tendría un impacto significativo en el sector automotriz y en la seguridad vial.
Las opiniones están divididas, con algunos sectores argumentando que es una medida necesaria para reducir la burocracia, mientras que otros defienden la importancia del control técnico de los vehículos para garantizar la seguridad de los conductores y peatones.