El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció una serie de iniciativas contundentes para enfrentar la creciente problemática del narcotráfico en la provincia.
En un discurso ante los ciudadanos, destacó la creación de la Unidad Especial de Investigación del Norte, con sede en Orán y dotada de recursos tecnológicos avanzados para fortalecer la seguridad en la zona fronteriza.
Adelantó el lanzamiento del Plan Güemes, que incrementará significativamente la presencia policial en la región.
Soy el primer gobernador en la historia de Salta que logró que todas las fuerzas federales estén en la Frontera Norte, afirmó Sáenz, resaltando la colaboración con el Gobierno Nacional para instalar la Prefectura Naval Argentina en Aguas Blancas.
Estas medidas buscan reforzar el control de los pasos ilegales y frenar el ingreso de drogas al país, según explicó el mandatario provincial.
Estamos trabajando con hechos, no con palabras, subrayó Sáenz, apelando a la unidad ciudadana frente a esta problemática que afecta el bienestar de Salta.
Asimismo, el gobernador propuso reformas legislativas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en las fronteras.
En este sentido, anunció su intención de promover cambios en la ley actual que dificulta la expulsión de extranjeros condenados por delitos relacionados con drogas.
La propuesta será una reforma legislativa mediante la cual se pueda imponer la pena de extrañamiento a cualquier clase de condena, explicó Sáenz.
Por otro lado, el gobernador defendió la necesidad de sancionar una ley de radarización y derribo para combatir la narcocriminalidad.
Consideramos necesaria para el control efectivo del ingreso de sustancias prohibidas a nuestro país, afirmó Sáenz.
Aclaró que esta medida no vulnera la ley de Seguridad Interior 24.059, ya que se trata de un tema de defensa de la soberanía nacional al controlar el espacio aéreo y frenar la incursión ilegal de aeronaves provenientes de otros países.
Las iniciativas del gobernador han generado reacciones divididas en la sociedad salteña.Si bien algunos sectores aplauden su compromiso con la seguridad, otros expresan preocupación por las posibles implicaciones para los derechos humanos.