El proyecto de ley que propone la eliminación del Fondo Estímulo en la Dirección General de Rentas (DGR) generó una fuerte controversia en la Cámara de Diputados.

Si bien fue aprobado por la mayoría, diversos sectores se expresaron en contra, argumentando que esta medida tendría un impacto negativo en el desempeño y la motivación de los trabajadores.

El diputado Juan Esteban Romero fue uno de los más críticos al proyecto, calificándolo como inconstitucional y una afrenta a los derechos adquiridos por los empleados de la DGR. Esta eliminación no solo afecta la estabilidad económica de los agentes, explicó Romero, sino que genera un clima laboral adverso, desvalorizando su trabajo y poniendo en riesgo la capacidad operativa del organismo.

El legislador también destacó que el Fondo Estímulo, vigente por más de 40 años, se encuentra amparado por el Convenio Nº 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina con jerarquía constitucional.

Romero aseguró que esta medida contradice los principios establecidos en este convenio y atenta contra el derecho de propiedad reconocido en el artículo 17 de la Constitución Nacional.

El proyecto, que busca modificar el artículo 380 del Decreto Ley 975, propone una reducción salarial para los trabajadores de la DGR al eliminar el tope del Fondo Estímulo.

Diversos expertos temen que esta medida tenga un impacto negativo en la recaudación provincial, ya que podría llevar a una fuga de talento humano especializado y afectar la eficiencia del organismo recaudador.

La motivación de los empleados es fundamental para lograr resultados, señaló un especialista en administración pública bajo condición de anonimato.

Si se les quita un beneficio que consideran justo y legítimo, es probable que su compromiso y desempeño disminuyan.

La decisión final sobre la modificación del Fondo Estímulo recae en el Senado, quien deberá analizar la propuesta y determinar si se ratifica o no.

El debate continúa siendo intenso, con diferentes sectores defendiendo sus posturas en torno a la viabilidad de esta medida y sus posibles consecuencias para la DGR.