Nuevos lineamientos para el uso de celulares en escuelas.
La Cámara de Diputados ha programado para su sesión actual el proyecto de ley que busca regular el uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas de nivel primario y secundario, tanto públicas como privadas.
Este proyecto, proveniente del Senado y modificado durante su recorrido legislativo, busca primordialmente mejorar la concentración de los estudiantes, optimizar su rendimiento académico y promover su bienestar psicológico.
El objetivo principal de esta normativa es mitigar los efectos negativos que el uso indebido de las tecnologías móviles puede ejercer sobre el desarrollo cognitivo y la interacción social de los alumnos.
En este sentido, la ley propone prohibir el uso de celulares durante el horario escolar en las aulas, salvo en casos excepcionales como actividades pedagógicas supervisadas por docentes, situaciones de emergencia o para estudiantes con discapacidad que requieran su uso por motivos especiales.
Adicionalmente, se establece que los dispositivos móviles deberán ser almacenados en lugares designados por cada institución educativa al inicio de la jornada escolar.
El Ministerio de Educación se encargará de implementar programas de educación y concientización sobre el uso responsable de las tecnologías dirigidos a estudiantes, padres de familia y docentes.
Tanto el Senado como la Cámara de Diputados coinciden en que este proyecto busca proteger a los niños y jóvenes del daño potencial generado por un uso excesivo y descontrolado de los celulares.
Durante el debate parlamentario se resaltó la importancia de abordar esta temática considerando el impacto del acceso constante a las tecnologías móviles en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de los alumnos.
Expertos en educación han destacado que investigaciones demuestran una clara correlación entre el uso excesivo de celulares y dificultades en la concentración, la capacidad de análisis crítico y la comunicación interpersonal.
La ley también establece que el Ministerio de Educación deberá realizar evaluaciones periódicas sobre el impacto de la normativa en el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes, con el fin de realizar ajustes a las medidas establecidas según los resultados obtenidos.
Las instituciones educativas tendrán un plazo de tres meses para adaptarse a las disposiciones que se establezcan en la ley, a partir de su promulgación por parte del Ejecutivo.