El conflicto por el peaje ubicado en Cabeza de Buey se intensificó con una nueva audiencia judicial que quedó truncada por la ausencia de Corredores Viales S.A., empresa encargada del cobro, quien además fue embargada por no cumplir con la reparación urgente de un tramo deteriorado de la Ruta Nacional 934 en el sur salteño.
La ausencia de Corredores Viales S.A. ante la audiencia convocada por el juez Sebastián Fucho generó una ola de críticas desde el ámbito político local.
El intendente José María Issa calificó la situación como injustificable, remarcando que el nuevo aumento del peaje no es justificado mientras la ruta esté en las condiciones actuales.
Por su parte, la concejal María José Bernis lamentó la falta de compromiso de la empresa y cuestionó la incertidumbre generada por la inminente privatización de la Dirección Nacional de Vialidad.
La situación se complicó aún más con el embargo de los fondos del peaje, ordenado por el juez Fucho por no cumplir con una resolución que le exigía la reparación inmediata del tramo deteriorado de la ruta.
Se trata de un nuevo capítulo en un conflicto que lleva meses generando indignación entre los habitantes de Metán y alrededores, quienes denuncian las precarias condiciones de la Ruta Nacional 934 y el pésimo estado de los accesos a la ciudad.
En la audiencia, Álvaro Escalante, quien asistió en representación de Vialidad Nacional, informó sobre el avance de la construcción de una nueva autopista, pero no ofreció detalles concretos sobre la reparación del tramo afectado por el amparo.
La concejal Bernis cuestionó la falta de información y manifestó su preocupación por la seguridad vial ante el deterioro del camino actual.
El caso revela las tensiones existentes entre los intereses privados y la necesidad de garantizar la infraestructura vial en zonas rurales.
La inminente privatización de la Dirección Nacional de Vialidad genera incertidumbre sobre el futuro de la Ruta Nacional 934, agravando la situación de abandono que denuncian los habitantes del sur de Salta.