La Legislatura Provincial de Salta se encuentra en el epicentro de una fuerte polémica luego de que la Cámara de Diputados debatiera un proyecto de ley que busca implementar un límite al Fondo Estímulo, un sistema de incentivos económicos para los empleados del organismo recaudador.
La iniciativa, presentada por las legisladoras Laura Cartuccia y Patricia Hucena, ha desatado una ola de protestas por parte de los trabajadores nucleados en la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) y el ATE (Asociación de Trabajadores Estatales), quienes se concentran frente a la sede legislativa manifestando su rechazo a la medida.
El proyecto busca modificar el artículo 380 del Decreto Ley 975, que establece la creación del Fondo Estímulo.
Según la fundamentación del proyecto, las sumas percibidas por los empleados no corresponden a estímulos económicos en función de su rendimiento, sino que han llegado a ser verdaderos montos exorbitantes sin relación de proporcionalidad con sus labores.
El contexto económico actual demanda implementar medidas razonables de contención del gasto público y priorizar el uso de los recursos por parte del Estado Provincial en beneficio de todos los habitantes, argumenta la propuesta, afirmando que la modificación se busca optimizar la administración de los recursos y dotar de previsibilidad y solvencia fiscal a la provincia.
Desde las organizaciones sindicales se critican estos argumentos, señalando que el Fondo Estímulo es una herramienta esencial para motivar y recompensar el desempeño de los trabajadores de Rentas, quienes han estado en primera línea durante la pandemia para garantizar la recaudación de fondos esenciales para el gobierno provincial.
Este proyecto no solo atenta contra nuestros derechos laborales, sino que también pone en riesgo la estabilidad financiera del Estado, declaró un representante de la CTA a los medios locales.
La medida de poner un tope al Fondo Estímulo se inició a principios de año cuando el gobierno redujo el porcentaje de la recaudación destinado al fondo al 2,5%.
Desde entonces, los reclamos por parte de los trabajadores han aumentado, llegando a considerar acciones legales para defender sus derechos.
El debate sobre este tema ha generado una profunda división en la sociedad salteña, enfrentando a trabajadores y gobierno en un escenario donde las necesidades financieras del Estado chocan con la defensa de los derechos laborales de los empleados.