El proyecto de ley que busca establecer requisitos de antecedentes penales para docentes y personal no docente en escuelas públicas volvió al seno del Senado, tras ser aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados.
La iniciativa, impulsada por diversos legisladores como Laura Cartuccia, Esteban Amat y Leonor Minetti, busca garantizar un entorno seguro y libre de violencia sexual dentro de los establecimientos educativos.
El proyecto establece que todos aquellos que aspiren a desempeñar cargos en escuelas públicas, ya sea como docentes o personal no docente con contacto directo con alumnos, deberán acreditar la ausencia de condenas o procesos penales por delitos contra la integridad sexual.
Para ello, deberán presentar certificados de antecedentes penales actualizados, expedidos por la Policía de Salta y el Registro Nacional de Reincidencia, que se incorporarán a sus legajos personales.
Este proyecto es fundamental para proteger a los estudiantes y crear un ambiente educativo seguro, afirmó la senadora Leonor Minetti.
La integridad sexual de los niños y jóvenes debe ser una prioridad absoluta, y debemos tomar medidas contundentes para evitar cualquier tipo de abuso dentro de las escuelas.
El proyecto también establece sanciones para aquellos establecimientos que incumplan con la ley.En el caso de escuelas públicas de gestión estatal, se aplicarán actuaciones sumarias por parte de la autoridad de aplicación; mientras que en el caso de instituciones privadas, se consideran sanciones como apercibimientos, multas hasta diez veces la cuota abonada, suspensión de matrícula y caducidad.
Es crucial que la ley sea aplicada con rigor para garantizar la seguridad de los estudiantes, señaló un experto en derecho penal educativo.
Las escuelas deben ser espacios libres de violencia y abuso, donde los niños puedan aprender y desarrollarse en un ambiente seguro y protegido.
Este nuevo capítulo en el debate legislativo pone de manifiesto la creciente preocupación por la protección de menores de edad en el ámbito educativo.
La aprobación definitiva del proyecto podría marcar un hito en la lucha contra el abuso sexual infantil en las escuelas.