El panorama legal en torno a Donald Trump se ha transformado drásticamente luego de que el fiscal especial Jack Smith solicitara la desestimación de los dos casos penales abiertos contra el presidente electo de EEUU. Estos casos, relacionados con el asalto al Capitolio y el manejo indebido de documentos clasificados, fueron objeto de un intenso debate legal y político.
Smith argumentó en sus escritos judiciales que, dado que Trump ganó las elecciones recientes y asumirá la presidencia en enero, la política interna del Departamento de Justicia le impide continuar con las acusaciones penales contra un presidente en ejercicio.
En el caso del asalto al Capitolio, Smith consultó con la Oficina de Asesoría Jurídica y llegó a la conclusión de que la acusación debe ser desestimada antes de que Trump tome posesión del cargo.
La jueza Tanya Chutkan, quien lleva el caso en el tribunal federal del Distrito de Columbia, había concedido una pausa previa a petición del fiscal para analizar las implicaciones del resultado electoral.
En relación al caso de los documentos clasificados, Smith presentó una solicitud ante un tribunal federal de apelaciones en Florida tras la desestimación inicial realizada por la jueza Aileen Cannon en julio.
La jueza alegó que el nombramiento de Smith era inconstitucional.El fiscal, sin embargo, argumenta que Trump tendrá inmunidad presidencial temporal debido a su futuro mandato como presidente.
La decisión del fiscal especial ha generado una ola de reacciones.Algunos analistas consideran que se trata de un golpe significativo para la justicia estadounidense, argumentando que la desestimación de estos casos envía un mensaje de impunidad a los poderosos.
Es preocupante que el poder pueda ser usado para eludir la justicia, declaró un experto en derecho constitucional, quien prefirió mantener su anonimato.
Esto erosiona la confianza en el sistema legal y abre la puerta a una posible escalada del abuso de poder.
Por otro lado, los defensores de Trump celebran esta decisión como una victoria contra la persecución política que, según ellos, se ha ejercido en contra del expresidente desde el inicio de su carrera política.
Esta decisión es un reconocimiento de la injusticia con la que Trump ha sido tratado, afirmó un portavoz del Partido Republicano.