El caso de Cristian Gallardo, un joven que falleció tras una intervención policial en 2019, ha generado debate y controversia desde su inicio.
Tras un juicio donde se determinó la culpabilidad por vejaciones calificadas, cuatro efectivos policiales fueron exonerados de la fuerza, según el Decreto Nº 706 del Ministerio de Seguridad y Justicia.
La decisión, tomada por la Jefatura de Policía y avalada por la Dirección General de Asuntos Internos, ha generado opiniones encontradas.
Si bien los oficiales fueron absueltos del delito de homicidio culposo debido al beneficio de la duda, su condena a tres años de prisión condicional por vejaciones calificadas no ha sido suficiente para algunos sectores que exigen una mayor responsabilidad por parte de los agentes involucrados.
Esta exoneración genera un profundo malestar en la sociedad, afirma un abogado especializado en derechos humanos que prefiere mantener el anonimato.
Es inaceptable que aquellos quienes, a través de su accionar, provocaron la muerte de un ciudadano, no enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
El caso se remonta al 26 de agosto de 2019, cuando los efectivos Ricardo José Antonio Llaves, Jorge Antonio Olea, Ricardo Ezequiel López y Lucas Maximiliano Ozuna intervinieron en una vivienda por un robo.
Durante la detención de uno de los sospechosos, Cristian Gallardo, surgió un forcejeo que terminó con la muerte del joven.
La Fiscalía argumentó que los policías utilizaron técnicas de sujeción inadecuadas y excesivas, lo que llevó al fallecimiento de Gallardo.
Se trata de una grave violación a los derechos humanos, denuncia la madre de la víctima, quien ha luchado incansablemente por justicia para su hijo.
Esperamos que esta decisión no quede impune y se realice una investigación exhaustiva para esclarecer todos los hechos.
La decisión de exonerar a los efectivos policiales ha abierto un debate sobre la responsabilidad de las fuerzas del orden en casos de muerte durante detenciones, así como la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones.