El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N 3 resolvió desestimar la medida cautelar presentada por las Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y la Federación Farmacéutica (FEFARA), en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 702/2023.
Esta decisión abre la puerta a una mayor flexibilización en la venta de medicamentos, permitiendo que droguerías puedan dispensarlos directamente al público, entre otros cambios.
La resolución judicial argumenta que el decreto no vulnera derechos ni impone obligaciones obligatorias a las provincias, preservando su autonomía para implementar o no estas disposiciones.
El juez Santiago Carrillo, quien emitió el fallo, afirmó: No se advierte el menoscabo que se denuncia al poder de policía de las jurisdicciones locales en cuanto a sus facultades de fiscalización y potestad reglamentaria en materia sanitaria.
Las organizaciones farmacéuticas habían impugnado la medida argumentando que las modificaciones introducidas a la Ley 17.565 son inconstitucionales por haberse implementado sin el debido debate parlamentario.
Aseguran que estas medidas afectan los derechos fundamentales del ejercicio profesional y ponen en riesgo la salud de los ciudadanos al permitir la venta de medicamentos sin la debida supervisión y control.
Entre los puntos más controversiales se encuentran la habilitación para que droguerías puedan dispensar medicamentos directamente, la venta de productos farmacéuticos en comercios no especializados y la flexibilización de los requisitos laborales para los directores técnicos de farmacias.
El juez Carrillo, sin embargo, sostiene que estas disposiciones no representan un riesgo comprobado para la salud pública ni limitan las facultades de fiscalización sanitaria de las provincias.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió el alcance de la normativa argumentando que busca mejorar el acceso a medicamentos y optimizar los costos de comercialización.
Destacó que el objetivo es promover la competencia en el mercado farmacéutico, lo que se refleja en la posibilidad de encontrar diferencias de precios significativas para ciertos productos como el omeprazol.
El fallo deja abierta la puerta a un debate continuado sobre la desregulación del sector farmacéutico.
Si bien las provincias conservan la autonomía para decidir si implementar o no estas disposiciones, la decisión judicial sienta un precedente importante que tendrá un impacto significativo en el acceso a medicamentos y en la dinámica del mercado farmacéutico.