En la Sala VI del Tribunal de Juicio se encuentran en curso los alegatos finales en el juicio que enfrenta a cuatro acusados por administración fraudulenta y estafas reiteradas contra la Asociación Docente Provincial (ADP) y sus afiliados.
La audiencia marca un punto crucial en un proceso que ha mantenido expectante a la comunidad docente debido a la gravedad de las acusaciones.
El juicio, presidido por el juez José Luis Riera, involucra a Patricia del Valle Argañaraz, exsecretaria general de la ADP, y Ana María Cerezo, extesorera, quienes se enfrentan a cargos de coautoría de administración fraudulenta y estafas reiteradas en un total de 29 hechos.
Raúl Dante Argañaraz y Nicolás Demetrio Zissi también están siendo juzgados como partícipes necesarios de administración fraudulenta y coautores de las estafas.
Durante la última semana, se escucharon los testimonios finales y declaraciones ampliadas de dos de los acusados.
Raúl Dante Argañaraz, quien ya había declarado al inicio del juicio, amplió su versión sobre el fideicomiso Virgen de Urkupiña, una figura central en las denuncias, y respondió a las afirmaciones realizadas por testigos.
Ana María Cerezo, por su parte, presentó su perspectiva sobre los hechos imputados, buscando aclarar su papel en los manejos financieros cuestionados.
La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, representará al Ministerio Público y se espera que presente argumentos sólidos para fundamentar la responsabilidad penal de los acusados basándose en las pruebas y testimonios recogidos durante las audiencias.
El juicio ha sido muy complejo debido a la cantidad de información financiera involucrada, declaró un experto legal que prefirió mantener su anonimato.
Se han presentado numerosas pruebas y el tribunal deberá analizar cuidadosamente todas las evidencias antes de llegar a una decisión.
La comunidad docente y los agremiados de la ADP siguen expectantes ante los alegatos finales, esperando una resolución que pueda sancionar a los responsables y servir como precedente para proteger los intereses financieros del sindicato en el futuro.