Un reciente fallo judicial ha sentenciado a una concesionaria a pagar una cifra superior a los cinco millones de pesos a un consumidor salteño que sufrió una larga demora en la entrega de un automóvil adquirido a través de un plan de ahorro.
El caso, iniciado en febrero de 2021, se convirtió en un punto de inflexión al exponer las vulnerabilidades del sistema de compraventa por planes, así como el impacto emocional y financiero que estas prácticas pueden tener sobre los consumidores.
El adjudicatario del vehículo, quien decidió mantener su identidad bajo reserva, fue víctima de una espera de casi dos años para recibir el automóvil prometido.
Me sentí frustrado e impotente, declaró el afectado en un comunicado. Las promesas se desvanecían con cada llamada y cada respuesta evasiva.
Sentía que me estaban tomando el pelo.
Este caso escaló a través de diferentes instancias judiciales, comenzando por las cartas documento dirigidas tanto a la concesionaria como a la administradora del plan de ahorro, exigiendo la entrega inmediata del vehículo.
Luego, un proceso ante la Secretaría de Defensa del Consumidor en septiembre de 2021, donde la administradora recibió una sanción pero el automóvil aún no se entregaba.
Finalmente, la demanda por daños y perjuicios llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, donde las juezas María Inés Casey y María Silvina Domínguez emitieron un fallo histórico.
En este caso, tanto la administradora como la concesionaria incurrieron en una falta grave al no brindar información clara y completa sobre el proceso de compraventa, señaló la jueza Casey.
La Cámara de Apelaciones aumentó significativamente la indemnización por daño moral a 2 millones de pesos, y la sanción por daño punitivo a 3 millones de pesos.
Esta decisión sienta un precedente importante para proteger los derechos de los consumidores en casos de incumplimiento contractual.
Este fallo es una victoria no solo para el consumidor afectado, sino para todos aquellos que confían en los planes de ahorro, expresó un experto en derecho del consumo.
Demuestra que las empresas deben ser responsables y transparentes en sus dealings con los clientes.
El caso sigue siendo objeto de análisis por parte del sector legal y financiero, ya que se espera que sirva como modelo para futuras demandas similares.
La decisión judicial no solo ha generado repercusiones legales, sino también un debate social sobre la transparencia y el cumplimiento contractual en las empresas.