En dos casos separados, la justicia provincial ha condenado a un abogado y una mujer por delitos financieros y falsedad documental.
El primero, un abogado de 67 años, fue encontrado culpable de adulterar un expediente judicial en un proceso de desalojo.
El juez Marcelo Rubio, vocal de la Sala V del Tribunal de Juicio, lo condenó a tres años de prisión condicional e inhabilitación especial por el mismo lapso para ejercer cualquier profesión que requiera autorización o licencia pública.
La condena se produjo luego de descubrirse que el abogado extrajo páginas del expediente y las reemplazó por otras, una maniobra evidenciada por la falta de sellos y contradicciones con los registros del juzgado.
Este tipo de conductas son un ataque directo a la justicia y erosionan la confianza en el sistema judicial, señaló un experto legal consultado por este medio.
En otro caso, una mujer de 34 años fue condenada por estafa mediante duplicados de tarjetas de crédito.
En juicio abreviado, la jueza Asusena Margarita Vásquez le impuso ocho meses de prisión efectiva por haber utilizado los documentos falsificados para realizar compras personales, consumos en establecimientos gastronómicos y extraer dinero de cajeros automáticos en Tartagal.
La víctima logró cancelar las transacciones fraudulentas al denunciar el caso y recibir notificaciones por correo electrónico.
Este tipo de delitos son cada vez más comunes debido a la facilidad con que se puede obtener información personal, manifestó un representante del organismo de protección financiera.