El gobierno iraní ha anunciado una nueva medida polémica: la aplicación de tratamientos psicológicos en clínicas a mujeres que no usen el velo islámico (hiyab).
Esta decisión, enmarcada en un intento por reforzar la obligatoriedad del hiyab tras la muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022, ha generado controversia y alarma internacional.
Mohammad Reza Mirshamsi, subdirector de Asuntos Sociales del Centro de Ordenar el Bien y Prohibir el Mal, declaró al medio Didban que las mujeres podrán ser obligadas a asistir a Clínicas de Rehabilitación de la Falta del Hiyab como alternativa a las multas.
Al participar en reuniones en estas clínicas se darán cuenta del daño que supone quitarse el hiyab y abandonarán esta práctica ilegítima e ilegal, afirmó Mirshamsi.
Esta medida, impulsada por las directrices del presidente Masud Pezeshkian quien ha defendido una enfoque educativo en torno al velo, viene a raíz de un aumento de mujeres que han dejado de usar el hiyab como gesto de protesta contra la normativa religiosa.
Un reciente caso resonó en Teherán cuando una joven fue detenida por presentarse en una universidad sin velo, lo que se interpretó como un acto de rebeldía.
La muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por la Policía de la Moral por llevar mal puesto el hiyab desencadenó protestas masivas a lo largo del país, exigiendo cambios en las leyes represivas sobre vestimenta femenina.
Un año después, el Parlamento aprobó una ley que endurece aún más los castigos para las mujeres que no cumplan con el código de vestimenta islámico, incluyendo penas de cárcel de hasta cinco años en caso de reincidencia, multas elevadas y restricciones a la movilidad.
La nueva medida del gobierno iraní ha sido condenada por organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos quienes la califican como una violación flagrante de los derechos individuales.
El enfoque terapéutico impuesto a las mujeres que no cumplen con el código vestimental se considera una estrategia intimidatoria que busca silenciar la disidencia y perpetuar un control social basado en la represión.
La comunidad internacional espera que las autoridades iraníes reconsideren esta medida y promuevan un diálogo abierto sobre los derechos de las mujeres en el país.