La primera etapa del proceso de Regularización de Activos concluyó con un saldo significativo: más de 100.000 contribuyentes se adherieron al régimen, exteriorizando activos por un valor superior a los US$20.085 millones.
La transparencia y la armonización fiscal siguen siendo temas en debate, generando incertidumbre en el panorama económico nacional.
El éxito del blanqueo ha sido destacado por el ministro de Economía, Luis Caputo: A día de ayer se declararon US$20.085 millones en efectivo y US$2.432 millones por otros conceptos, informó en su cuenta oficial de X. Sin embargo, la aplicación de impuestos adicionales en algunas provincias ha generado controversia.
En Santa Fe, el gobierno provincial presentó una Ley Tributaria 2025 que busca incorporar un impuesto especial a los activos regularizados, con una franquicia de US$100.000 y un porcentaje del 2% para valores superiores.
Esta medida ha sido criticada por expertos como Diego Fraga, socio de Expansion, quien la considera inconstitucional al vulnerar la coparticipación fiscal establecida en la Ley 27.743.
En Salta, la Municipalidad aprobó una tasa especial equivalente al 1% del impuesto nacional sobre los activos blanqueados.
Estas iniciativas provinciales y municipales han generado preocupación entre los contribuyentes, quienes temen que se afecte la seguridad jurídica y la confianza en el sistema fiscal.
No nos mandó ningún tipo de información del blanqueo, reveló una fuente de una agencia recaudadora de una importante provincia, lo que evidencia la falta de coordinación e intercambio de datos entre ARCA, el organismo encargado de la recaudación fiscal, y los gobiernos subnacionales.
Esta situación se suma a la incertidumbre generada por la reciente creación de ARCA, tras la disolución de AFIP. Aún faltan definiciones de otras provincias al respecto, afirma Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación, quien destaca la importancia de la postura de jurisdicciones como Córdoba y Buenos Aires en el desarrollo del sistema tributario nacional.