Un clima de indignación y desconcierto envuelve las recientes elecciones de delegados gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Unidad de Atención al Ciudadano (UDAI) Norte de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), luego de que Antonio García, delegado paritario de ATE, denunciara presuntos actos fraudulentos ante las autoridades judiciales y organismos competentes.

García, junto con Carla Cobos, ambos candidatos a delegados, acusan al Consejo Directivo Provincial de ATE Salta de orquestar un fraude para beneficiar a Marcela Molina, quien enfrenta una causa penal iniciada por la propia ANSeS. Se sospecha que Molina necesita la protección del gremio para evitar las repercusiones legales, especialmente teniendo en cuenta su condición de sobrina de Julio Molina, dirigente importante de la Confederación de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Las denuncias se centran en la utilización de padrones electorales adulterados, que incluían a personas no registradas en el padrón nacional de ATE, afiliados sin cotizaciones y miembros de otros sindicatos.

García afirma que se realizó una elección paralela con un padrón irregular, donde solo cinco de los once votantes eran realmente afiliados a ATE.

Estén o no estén los de la Comisión, las elecciones tienen que hacerse.

Las elecciones son de los trabajadores y no de los Consejos Directivos, declaró García.Ellos lograron hacer una elección paralela en otra oficina.

La situación ha generado un profundo malestar entre los afiliados de ATE. Según García, el 80% renunció al gremio tras la proclamación de Molina como ganadora, evidenciando una clara pérdida de confianza en las instituciones del sindicato.

Actuamos conforme al proceso electoral y con la mejor predisposición, pero las irregularidades se acumularon y no fueron subsanadas, resultando en un acto eleccionario nulo e ilegal que debe ser declarado de nulidad absoluta, afirmó García, quien considera que los miembros de la CDP Salta actuaron con malicia y obstruyeron el proceso electoral.

La situación se agrava por la falta de respuesta a las denuncias presentadas ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, la Dirección de Asuntos Laborales de la ANSeS, la Comisión Directiva Nacional de ATE y la Comisión Directiva de ATE Salta.

Mabel Álvarez, secretaria de ATE, respondió que darían respuestas pero que el secretario administrativo estaba enfermo.

El caso revela profundas divisiones internas en el seno del gremio ATE y pone en tela de juicio la transparencia y legitimidad del proceso electoral sindical.

La falta de respuesta contundente por parte de las autoridades competentes alimenta la indignación entre los afiliados, quienes exigen justicia y una solución definitiva al conflicto.