El reciente decreto nacional 102424, que habilita la venta libre de medicamentos en supermercados, ha generado profunda preocupación entre los sectores farmacéuticos del país, incluyendo Salta.
Esta medida, calificada como alarmante por expertos, plantea serios riesgos para la salud pública al permitir el acceso indiscriminado a productos sin la supervisión de profesionales.
Susana Carrasco, titular de la Cámara de Farmacias de Salta, advirtió sobre los peligros de la automedicación: Es preocupante que el Estado descontrole o piense que el paciente está en condiciones de elegir y decidir qué toma.
Tendría que haber un profesional médico que recomiende el uso y un farmacéutico que garantice la legitimidad, procedencia y conservación del producto.
Carrasco también resaltó el riesgo de ocultar síntomas que podrían requerir atención médica: El paciente podría automedicarse y ocultar síntomas que permitirían un tratamiento ambulatorio común, evitando complicaciones mayores.
A nivel provincial, se están realizando gestiones para evitar la implementación del decreto 102424.
Carrasco explicó: Esperamos que a nivel provincial no nos adhiramos, porque esto es perjudicial para la salud pública.
Estamos trabajando en lo que es la ley provincial para frenar este inconveniente.
La Cámara de Farmacias argumenta que las farmacias garantizan trazabilidad, procedencia legítima y supervisión profesional, aspectos que no se pueden asegurar en góndolas de supermercados.
El medicamento más seguro es el que está en la farmacia, porque tiene un profesional que vigila su procedencia, conservación y adecuada dispensación, afirmó Carrasco.
La Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) también rechazó el decreto, argumentando que pone en riesgo la salud pública al eliminar la intervención del farmacéutico, quien garantiza la seguridad en la dispensación de medicamentos.
Entidades farmacéuticas como COFA, FEFARA, ASOFAR y FECOPA expresaron su preocupación por la posible transformación del modelo sanitario en un farmashopping, donde los intereses económicos primen sobre la salud de la población.