El Senado debatirá un proyecto de ley que busca reformar el proceso de desafuero de funcionarios públicos de los tres poderes provinciales.
La iniciativa, impulsada por el senador Esteban DAndrea, propone una mayor transparencia y equiparación ante la justicia.
Actualmente, el desafuero es un mecanismo que permite juzgar a funcionarios públicos presuntamente implicados en delitos, dejando de lado las restricciones procesales que les asisten por su cargo.
El objetivo del proyecto, según DAndrea, es garantizar que los funcionarios sean juzgados como cualquier ciudadano común y no gozen de privilegios especiales.
Con este cambio, no habrá más impunidad para jueces, legisladores o funcionarios provinciales.Debemos asegurar que todos respondan ante la justicia por sus actos, declaró el senador durante una sesión anterior.
La propuesta busca establecer un marco legal claro y preciso para el desafuero, incluyendo un procedimiento detallado para solicitarlo y las acciones que pueden llevarse a cabo por parte de los tribunales competentes.
Se establece que ante la existencia de una causa penal en la que se impute un delito a un legislador, funcionario o magistrado, el tribunal podría realizar todas las acciones procesales hasta su conclusión total, con excepción de las que impliquen detención o prisión preventiva.
El llamado a audiencia de imputación no sería considerado medida restrictiva de libertad, pero si el funcionario no concurre, se solicitará su desafuero para asegurar su comparecencia.
El proyecto también contempla la posibilidad de allanamientos en domicilios u oficinas particulares en caso necesario, pero descarta la interceptación de comunicaciones.
Cualquier medida que afecte la libertad personal del funcionario sólo será efectiva tras la autorización del desafuero por parte de la autoridad competente.
La iniciativa genera un debate importante en torno a la justicia y la equidad.Si bien algunos defienden el proyecto como un paso necesario para combatir la impunidad, otros expresan preocupaciones sobre posibles abusos o afectaciones al derecho a la presunción de inocencia.
El futuro del proyecto dependerá del análisis y aprobación por parte de los senadores, quienes deberán ponderar cuidadosamente sus implicaciones tanto legales como sociales.