El término lawfare, acuñado por Charles Dunlap Jr. en 2001, ha ganado relevancia en América Latina como herramienta utilizada para alcanzar objetivos políticos y militares mediante la manipulación del sistema judicial.
En su libro Curso de Derecho Penal II Parte General, el autor Miguel Antonio Medina profundiza en este concepto, argumentando que en el contexto latinoamericano el lawfare implica no solo la judicialización de la política, sino también la politización de la justicia.
Medina sostiene que este fenómeno se traduce en un abuso del sistema judicial y los medios de comunicación para perseguir a opositores políticos, deslegitimar gobiernos y promover intereses alineados con las élites económicas y potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos.
A través de diversos ejemplos emblemáticos, el autor ilustra cómo el lawfare opera en la región.
El caso de Rafael Correa en Ecuador, la Operación Lava Jato en Brasil, que llevó al encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva y al juicio político de Dilma Rousseff, y la persecución judicial y mediática a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina son algunos de los casos analizados por Medina.
El autor argumenta que estos ejemplos reflejan una estrategia coordinada para deslegitimar líderes que representan un desafío a las estructuras de poder tradicionales, buscando mantener la hegemonía política y económica en la región.
Medina describe cómo el lawfare se lleva a cabo mediante una combinación de herramientas jurídicas y mediáticas: manipulación de jueces y fiscales, uso excesivo de prisión preventiva, campañas de desprestigio en los medios de comunicación a través de fake news, delaciones premiadas y escuchas ilegales.
El autor destaca que el lawfare ha reemplazado en muchos casos a los golpes de Estado tradicionales.
En lugar de utilizar la fuerza militar, señala Medina, los grupos de poder recurren al aparato judicial y a los medios de comunicación para desestabilizar gobiernos y eliminar a sus adversarios.
Esta estrategia, según el autor, genera un debilitamiento de la confianza en las instituciones democráticas y un ataque directo a la soberanía de los países latinoamericanos.
En la sección Nuestra Opinión, Medina ofrece un análisis crítico sobre cómo el lawfare ha sido utilizado en Argentina, especialmente durante la presidencia de Mauricio Macri.
El autor sostiene que el término comenzó a ganar relevancia cuando varios funcionarios del gobierno anterior, incluyendo a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fueron objeto de procesos judiciales por corrupción.
Medina señala que la narrativa del lawfare fue promovida por los abogados defensores de los funcionarios acusados, quienes argumentaban que se trataba de una persecución política.
El autor advierte que, aunque el concepto de lawfare puede ser usado para señalar abusos en el sistema judicial, también puede convertirse en una arma retórica para justificar la impunidad de ciertos actores políticos.
Medina analiza el caso Vialidad, donde la defensa de Cristina Fernández de Kirchner alegó lawfare.
A pesar de las extensas menciones al término durante el juicio, Medina sostiene que no se logró demostrar la existencia de un entramado conspirativo que justifique la nulidad del proceso.
Para Medina, la existencia de un caso válido de lawfare requiere pruebas concretas que demuestren una estrategia sistemática de persecución judicial, algo que, en su opinión, no ha sido demostrado de forma concluyente.
El autor concluye que, aunque el lawfare se ha convertido en un término de uso frecuente en los discursos políticos y mediáticos, su aplicación práctica en el ámbito legal argentino sigue siendo debatida.
Considera que, en muchos casos, se emplea como una construcción retórica para desacreditar procesos judiciales legítimos, sin un sustento probatorio sólido.
Medina hace un llamado a los juristas y a la sociedad en general a ser críticos y cuidadosos al utilizar el término lawfare.
Su uso irresponsable puede deslegitimar tanto las investigaciones judiciales genuinas como los esfuerzos por combatir la corrupción.