Miles de monotributistas enfrentan incertidumbre e incertidumbre por un error en la migración de datos de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El problema se centra en el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE), canal oficial de comunicación entre contribuyentes e organismo fiscal.
Durante el proceso de transición, ARCA perdió datos de contacto asociados a varios DFE, lo que provocó la suspensión temporal de la constancia de inscripción de miles de monotributistas.
Esta situación afecta directamente su capacidad para realizar trámites y gestiones administrativas.
Este error ha generado un caos entre los monotributistas, manifiesta Juan Pérez, asesor fiscal especializado en el sector.
Muchos se encuentran sin acceso a sus DFE, lo que les impide presentar declaraciones juradas o solicitar certificaciones.
La incertidumbre sobre el estado de su inscripción genera angustia y afecta la posibilidad de realizar actividades económicas con normalidad.
La agencia ha emitido comunicados instando a los monotributistas afectados a verificar el estado de su DFE a través de la página web de ARCA. El proceso implica acceder al portal con la clave fiscal, revisar la sección del DFE y, en caso de no aparecer registrado, completar los datos de contacto faltantes.
ARCA también ha aclarado que la prescripción de deudas impositivas se calcula a partir del 1 de enero del año siguiente al vencimiento del pago, con un plazo de cinco años para contribuyentes inscriptos.
Existen excepciones para quienes no estén inscritos en el sistema, quienes tienen un plazo de diez años, y para los monotributistas, que suelen ser sujetos a medidas de cobro previas.
Este error de ARCA ha puesto de manifiesto las dificultades que enfrentan los ciudadanos al atravesar procesos de migración tecnológica, especialmente aquellos con menor acceso a la información y recursos digitales.
La situación también destaca la importancia de una comunicación clara y proactiva por parte de las instituciones públicas para minimizar el impacto de estas fallas en la vida de los contribuyentes.