El Senado salteño se encuentra en vilo previo al debate sobre una propuesta que busca modificar la forma en que se proceden ante el desafuero de funcionarios públicos.

El proyecto, presentado por el senador Esteban DAndrea, ha generado expectativas y controversias al plantear una mayor transparencia y celeridad en los procesos judiciales contra legisladores, funcionarios provinciales y magistrados.

La iniciativa surge en un contexto donde la figura de los fueros ha sido objeto de cuestionamientos y debate público.

Recientemente, el gobernador Gustavo Sáenz se pronunció a favor de reformar la Constitución Provincial para eliminar este privilegio.

El objetivo principal del proyecto de ley, según DAndrea, es garantizar que no haya impunidad para ningún funcionario, independientemente de su posición.

Como cualquier ciudadano común hay que presentarse a la justicia, cumplir con todos los requisitos que pide el juez sin impedimento de ningún fuero, absolutamente de nada, y, por supuesto, llegar a la condena, afirmó el legislador en declaraciones recientes.

El proyecto busca clarificar los procedimientos judiciales para casos donde se involucren personas sujetas al fuero.

Permite al tribunal competente realizar todos los actos procesales necesarios hasta la conclusión del proceso, excepto aquellos que impliquen detención o prisión.

No obstante, el llamado a audiencia de imputación no se consideraría una medida restrictiva de la libertad.

En caso de que el legislador, funcionario o magistrado no comparezca a la audiencia de imputación, previa reiteración de la citación correspondiente, el tribunal deberá solicitar su desafuero para ordenar su comparecencia obligatoria y continuar con el proceso.

Se permitirá un único allanamiento de los domicilios u oficinas particulares en caso de existir una causa penal en contra de estos individuos.

Se prohíbe la interceptación de sus comunicaciones.
DAndrea argumenta que esta iniciativa busca eliminar las interpretaciones ambiguas que pueden obstaculizar el avance judicial contra funcionarios con fueros.

Señala como ejemplo el caso del ex senador Sergio Ramos, donde la fiscalía denunció que la falta de desafuero impedido el juicio.

La reforma propuesta ha generado un intenso debate en la sociedad salteña. Mientras algunos sectores la consideran necesaria para garantizar la igualdad ante la ley y combatir la impunidad, otros argumentan que podría afectar los privilegios necesarios para el desempeño adecuado del trabajo legislativo.