La expresidenta Cristina Kirchner ha interpuesto un recurso de nulidad ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en una batalla legal para recuperar su jubilación, suspendida recientemente por el gobierno del presidente Javier Milei.
El recurso, presentado por su abogado, argumenta que la decisión viola los derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El documento, que abarca 36 páginas, critica la suspensión de las asignaciones mensuales vitalicias que Kirchner percibía como ex presidenta de la Nación y viuda del expresidente Néstor Kirchner.
Señala que el acto se configura como una persecución política con fines de venganza, hostigamiento y partidismo.
La interpretación maliciosa realizada por esta administración que pretende fundarse en su dictamen, es absolutamente contraria a derecho, sostiene la defensa legal de Fernández de Kirchner.
El recurso solicita la revocación de la resolución que suspendió sus haberes y la restitución de las asignaciones vitales retenidas, junto con los intereses acumulados hasta el efectivo pago.
La ex mandataria reclama una suma total que se estima en unos 41 millones de pesos mensuales, desglosada en dos asignaciones por su desempeño como presidenta y un suplemento por residir en Zona Austral en Río Gallegos, Santa Cruz.
El titular de ANSES, Mariano De los Heros, había revelado previamente la cantidad exacta de las asignaciones percibidas por Kirchner, generando una polémica que ha trascendido el ámbito legal.
La defensa argumenta que la Ley N 24.018 establece que los ex presidentes y ex vicepresidentes reciben una asignación contributiva como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo.
La suspensión de esta jubilación de privilegio ha generado un intenso debate público sobre la pertinencia del beneficio para figuras políticas y su posible impacto en las finanzas públicas.
Este conflicto legal se inscribe en el contexto de una creciente tensión política entre el gobierno de Milei y el kirchnerismo, que ha criticado duramente la decisión de suspender la jubilación de Cristina Kirchner.
El caso sigue con atención pública por sus implicaciones políticas y sociales, y su resolución podría tener un impacto significativo en la percepción del nuevo gobierno y sus políticas hacia figuras políticas prominentes.